Rafael Nieto asegura que el acuerdo de La Habana no traerá la paz. Plantea que la CPI intervendrá en Colombia.
LOS IRREVERENTES. Estamos a pocas semanas del plebiscito, las encuestas revelan que la gran mayoría de colombianos están inclinados a votar por el SÍ. Es una campaña puramente emocional en la que el gobierno ha explotado el anhelo de paz que habita en el alma de todos los ciudadanos. Se nota claramente que la mayoría de las personas no se han sentado a leer con serenidad el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las Farc. ¿Cómo hacer para convencer a la mayoría de que este acuerdo no va a traer la paz a Colombia?
RAFAEL NIETO LOAIZA. La firma del acuerdo con las Farc no va a traer la finalización del conflicto armado. Van a quedar unos remanentes de las Farc vinculados a las actividades de minería ilegal y narcotráfico. Ya hay frentes en disidencia.
Queda el ELN y hay información de inteligencia que muestra que en algunas áreas que eran de influencia de las Farc, hoy hay presencia militar y política del ELN. También hay información de inteligencia que muestra que algunas unidades de las Farc simplemente se han cambiado de brazalete.
Además queda un remanente del EPL y las bandas criminales asociadas con el narcotráfico.
L I. ¿Estamos hablando entonces de un tema que se limita al tráfico de estupefacientes?
R N L. La motivación fundamental de la violencia en Colombia no es de carácter político. La motivación fundamental de la violencia en Colombia está vinculada a las rentas ilegales y, sobre todo, al narcotráfico. Las decisiones políticas tomadas por el gobierno nacional en relación con el narcotráfico durante los últimos tres años, íntimamente relacionadas con compromisos del gobierno con las Farc en la negociación, en lugar de mitigar o disminuir el negocio del narcotráfico, lo han hecho crecer de manera sustantiva y por esa razón, sobre todo por la suspensión de la fumigación de narcocultivos, éstos en los últimos dos años crecieron exponencialmente y hoy tenemos tantas hectáreas de coca como había hace 15 años.
Ahora bien. Si la desmovilización de los miembros de las Farc que no son responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no se hace de manera adecuada, esos desmovilizados y mal reinsertados se dedicarán a delinquir.
Finalmente, mucho de lo pactado con las Farc, en lugar de estimular el fin de la violencia es un factor reproductor de la violencia.
L I. ¿Por qué dice eso?
R N L. Son tantos los beneficios que reciben los guerrilleros vinculados con las Farc en materia de impunidad, en materia de soportes económicos por parte del Estado, después de haber cometido esas actividades criminales que el mensaje que se le da a la sociedad, sobre todo a aquellos que no han acudido a la violencia, es que al final ser pillo paga; asesinar en serie paga; secuestrar de manera masiva paga.
L I. Usted en sus anteriores respuestas toca un tema que es importante: la mutación o el cambio de brazalete por parte de los miembros de las Farc hacia el ELN. Nuestras Fuerzas Militares están prácticamente maniatadas frente a las Farc por cuenta del cese bilateral de hostilidades, pero también frente al ELN. ¿Hoy tendría nuestra Fuerza Pública la capacidad de contener una arremetida terrorista de esa organización terrorista fortalecida con sus nuevos miembros ex combatientes de las Farc?
R N L. Durante la negociación era muy difícil para la Fuerza Pública combatir de manera adecuada a otros grupos criminales porque la posibilidad de confundir a unos con otros era muy alta y el riesgo de atacar a unidades de las Farc habría generado un impacto en la negociación de La Habana. Todo aquello hacía que la Fuerza Pública no pudiera actuar contra esos grupos.
Capacidad de acción, sí hay. Es fundamental que las Farc se concentren para que las Fuerzas Militares y la Policía puedan atacar de manera adecuada a las otras organizaciones criminales que hay en el país.
L I. Todo indica que el SÍ se impondrá por una amplísima mayoría. ¿Cómo hacer para que después de celebrado el plebiscito se puedan contener los efectos del acuerdo entre Santos y las Farc?
R N L. Se le está pavimentando el camino a una izquierda radical y populista a través de las concesiones que el gobierno le hizo a las Farc.
Aquello pone en riesgo a la democracia republicana. En el continente ha aparecido una mutación de la izquierda que ha aprovechado las debilidades del sistema democrático, ganar las elecciones y a partir de ahí desmontar el sistema republicano desde el gobierno.
Al final, lo que tenemos que defender es esa idea de democracia republicana donde lo que impera es el Estado de Derecho y el imperio de la ley y no la voluntad del Ejecutivo.
Después del plebiscito tenemos que trabajar de manera mancomunada con todos aquellos sectores que creen que hay que defender este modelo de democracia republicana. Hacer un gran frente republicano en el que quepan todos.
L I. Entremos al componente de justicia del acuerdo. ¿Lo que se creó con el tribunal especial de paz no pone en grave peligro al Estado Social de Derecho?
R N L. Sin duda ese tribunal pone en riesgo la democracia republicana y las instituciones. El tribunal especial de paz es una ruptura sustantiva del sistema judicial colombiano. Supone una renuncia a la soberanía porque incluye la presencia de unos jueces extranjeros que no sabemos quiénes son ni cómo se eligen y además pone en peligro la estructura de altas cortes y al sistema diferenciado de competencias de las mismas porque este nuevo tribunal que se crea es preferente, prevalente, excluyente; está por encima de todas las cortes del país con competencia de revisar sentencias emitidas por los altos tribunales y además, se dice expresamente, va a quedar latente cuando termine sus funciones.
Es un tribunal que va a tener 64 magistrados. Más magistrados que el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional sumados.
A estas alturas, no sabemos cuál es el conjunto de delitos que ese tribunal va a juzgar ni a la luz de qué tipos penales lo va a hacer porque no se dice en ninguna parte del acuerdo que se va a aplicar el código penal colombiano.
Lo que sí sabemos es que las penas que contempla el código penal colombiano no se van a aplicar. Se van a aplicar penas simbólicas.
L I. Y el tribunal va a presionar a quienes sienten en el banquillo de los acusados a que confiesen, así no hayan cometido los delitos por los que se les acusa.
R N L. Es que si la persona no confiesa, corre el riesgo de que lo condenen a 15 o 20 años de prisión. Para las Farc confesar no es un problema. Ellos son criminales. La presión para la confesión no va a ser para los guerrilleros, sino para los ciudadanos de bien que no han cometido crímenes, pero que se pueden ver enfrentados a muchos años de cárcel por decisión de ese tribunal que, le insisto, no sabemos con cuáles leyes va a operar.
L I. Usted es uno de los colombianos que mejor conoce el sistema penal internacional y la Corte Penal Internacional. ¿Con todo esto que nos está narrando, no se está abriendo la puerta para que entre a operar la CPI en el caso colombiano?
R N L. Creo que sí. Sostuve a lo largo de todo el proceso que lo único que hacía sostenible el acuerdo a la luz del Derecho Internacional era que se establecieran una penas mínimas de prisión para los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son los delitos de competencia de la Corte Penal Internacional.
El gobierno ha alegado que la fiscal de la CPI, la señora Besouda ha hecho una declaración apoyando el proceso de paz. La verdad es que la lectura que hace el gobierno de la declaración de la fiscal Besouda es claramente parcial y está dirigida a engañar a los ciudadanos.
Lo que ha dicho la fiscal Besouda es que la CPI aplaude los esfuerzos por la paz y además aplaude que en los acuerdos se diga expresamente que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no pueden ser amnistiados o indultados.
Lo que no dice el gobierno, lo que no dice Santos y lo que no dicen los partidarios por el SÍ es que, al mismo tiempo, la fiscal Besouda advirtió en esa misma declaración que la sanción de esos delitos tiene que ser efectiva y que la única manera para construir una paz estable y duradera es que las sanciones sean efectivas.
En un tiempo, cuando los jueces de la CPI verifiquen que las sanciones son meramente simbólicas, decidirán asumir competencia.
L I. Es preocupante que los colombianos nunca sepamos quiénes son los miembros de las Farc beneficiados con amnistía e indulto. Eso puede servir para colar a muchos criminales y borrarles sus antecedentes delictivos.
R N L. La lista va a ser secreta, nunca va a hacerse pública. Además, las penas serán simbólicas en los casos donde no aplica la amnistía. Además, podrán ser electos y ocupar cargos públicos mientras son investigados y “sancionados”, cosa que jamás ocurrió con los mal llamados paramilitares que perdieron todos los beneficios políticos. Aquí, pueden ser responsables de crímenes de lesa humanidad y el acuerdo dice expresamente que ninguna sanción que provenga de la Justicia Especial de Paz afectará el derecho de elegir y ser elegidos.
@IrreverentesCol