Estamos dejando constancia para cuando naufrague el barco no digan los arlequines del establecimiento que no se había advertido que íbamos rumbo al iceberg mientras la tripulación disfrutaba de la orgía de la paz.
Espero no estar equivocado, pero estoy seguro que a todos los colombianos les ha llegado a su aplicación de WhatsApp un mensaje de reconciliación o perdón, o mínimo, lo han leído en las redes sociales o escuchado en los medios de comunicación. Gandhi, Santa Teresa De Calcuta, Dalái lama, Nelson Mandela, o su santidad el Papa Francisco, quedan en pañales por estos días en Colombia.
La argumentación mediática para votar por el sí en el plebiscito que busca refrendar los acuerdos entre Santos y Timochenko, es ahora espiritual. Los mensajes que nos envían familiares, amigos y desconocidos, invitan a la reflexión y a comenzar una etapa de perdón y reconciliación.
Los promotores del SÍ, los nuevos Jorge Duque Linares, de “Actitud Positiva”, se les debe recordar que todo ese fundamentalismo espiritual sería necesario y tendría validez si estuviéramos saliendo de una guerra civil, generada por profundas diferencias religiosas, políticas, culturales o raciales, o si estuviéramos en el final de una confrontación armada por las intención separatista de una región.
Cuando un país está superando una confrontación violenta como sucedió en los fallidos países africanos o en la sangrienta segregación yugoslava que involucra a todos los sectores de la sociedad en su guerra interna, amerita y exige la consolidación y aplicación de doctrinas de reconciliación y perdón para dar inicio a una nueva etapa como sociedad y nación.
¿Alguno de los escenarios violentos que acabo de describir se ajustan a los vividos en Colombia?
Esa campaña de responsabilizarnos a todos, de hacernos sentir culpables de las acciones criminales de las Farc, fuera de ser una estrategia absurda e insensata, es un mecanismo psicológico, persuasivo y mediático para que la sociedad olvide las acciones violentas y terroristas generadas por las Farc en los últimos 50 años.
La sociedad, los ciudadanos decentes y cumplidores de los deberes constitucionales y legales no son responsable de nada, no necesitan reconciliarse con nadie, ni menos, pedir perdón como lo han sugerido algunos activistas del sí. Ese proceso de reconciliación y perdón es tarea colectiva e individual para los miembros de las Farc, en cumplimiento de los parámetros de la Justicia Transicional: que no nos confundan.
La verdadera Paz se logra cuando el colectivo ciudadano recibe el mensaje que sus instituciones jurídicas y constitucionales aseguran el cumplimiento del ordenamiento jurídico, cuando existe seguridad jurídica: la garantía de su posibilidad de conocimiento, de su operatividad, de su aplicabilidad. Hay seguridad jurídica, únicamente cuando el derecho mismo ofrece certeza, eficacia; aquí nos encontramos con el concepto que los filósofos alemanes denominan, “paz jurídica”.
El capítulo más grave y demoledor para la institucionalidad y la democracia incorporado en los acuerdos es la Justicia Especial para la Paz. La JEP asumirá poderes supraconstitucionales, omnipotentes, sin control de legalidad y por tiempo indefinido. La JEP estará por encima de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Procuraduría y Contraloría. Investigaciones y procesos penales, disciplinarios y fiscales en curso serán enviados a la “nueva justicia” que regentará la JEP. ONGs de derechos humanos asumirán funciones de investigadores y de policía judicial ante la JEP. En conclusión: la JEP acaba con un principio universal del derecho, la fuerza de cosa juzgada de sentencias judiciales, acaba con la seguridad jurídica, tan quebrantada por sentencias polémicas de la Corte Constitucional.
El proceso con las Farc requiere de Justicia Transicional, no de un Tribunal Especial. El proceso con las Farc requiere de mínimos penales para máximos responsables, de penas efectivas para actores de delitos de lesa humanidad, proporcionales dentro de la Justicia Transicional, no de curules en el congreso. El proceso con las Farc no puede ser un mar de impunidad avalado en las urnas por una sociedad cómplice de una clase dirigente mediocre y corrupta.
@laureanotirado