Cuando el país aún no sale del estupor que causaron las cartillas con las que la ministra Gina Parody pretendía extender por los colegios la ideología de género con la esperanza de confundir sexualmente a los niños de Colombia, nos enteramos esta semana de la existencia de una encuesta que está realizando en DANE en todos los colegios del país sobre sexualidad y drogas.
Está muy bien que el Estado emprenda las medidas correspondientes en materia de educación sexual y prevención del alcoholismo y la drogadicción en nuestros niños. Lo que no es admisible es que, a través de una encuesta, se les pregunte a los pequeños sobre temas que resultan vergonzosos hasta en un adulto.
Resulta francamente incomprensible el afán de este gobierno por sexualizar a los niños desde la primera infancia, violentando su libre desarrollo intelectual, emocional y, por supuesto, sexual. El simple hecho de que a un menor de 9 o 10 años se le pregunte si ha participado en orgías o si ha vendido su cuerpo es absolutamente inaceptable, vejatorio y violatorio de todos sus derechos. Los niños deben ser celosamente protegidos, cosa que claramente no hace este gobierno que ha puesto al DANE a preguntar majaderías que no son convenientes ni prudentes.
A través de interrogantes, se induce a los niños a experimentar cosas que jamás se les han cruzado por la mente. A través de preguntas, se les está enseñando que en el mundo hay cosas que ellos jamás han experimentado. La encuesta, entonces, es una inducción para que ellos conozcan facetas que pueden resultar nocivas para su propia integridad.
Lo que es todavía más grave es que el DANE haya anunciado sanciones a aquellos colegios que se abstengan de realizar la encuesta con sus alumnos. Medidas como esa son las que nos permite sospechar que, como lo denunció hace pocos días desde Nueva York el procurador Alejandro Ordóñez, el de Santos es un gobierno autoritario y arbitrario.
Las respuestas hasta ahora proveídas por el director del DANE, Mauricio Perfetti son insatisfactorias e inaceptables. Se defiende diciendo que la entidad que él dirige se está limitando a recoger información para detectar riesgos. Lo que el innoble funcionario no tuvo en cuenta es que tratándose de menores de edad, los procesos que se adelanten frente a ellos deben partir de una premisa: la protección especial de sus derechos.
Ese cuestionario tiene un contenido morboso y debe ser retirado en el término de la distancia. Así mismo, el funcionario Perfetti debe responder políticamente por su impericia, pero también por la extralimitación del mandato legal que lo cobija en su condición de director del DANE.
Es inaceptable que el DANE haya elaborado el cuestionario sobre sexualidad de los menores sin tener como sustento un solo estudio científico previo a la formulación de las preguntas que fueron incluidas, lo cual demuestra que esa entidad no realiza su trabajo con el profesionalismo y rigurosidad que se exigen.
Dado que el director del DANE no ha sido capaz de hacerlo, el gobierno nacional debe comparecer ante el Congreso de la República y brindar las explicaciones que el país entero está esperando frente a esa encuesta abusiva que obligaron a realizar en los colegios de nuestro país.
