Las Farc pretenden imponerle a Colombia con el Acuerdo Final más que una camisa de fuerza, un auténtico collar bomba.
Las Farc, con la complicidad de Juan Manuel Santos y sus secuaces, pretende imponerle a Colombia con el Acuerdo Final más que una camisa de fuerza, un auténtico collar bomba, como el que le colocaron alrededor del cuello a una humilde campesina de Boyacá hace algunos años.
El farragoso texto de ese Acuerdo Final, que es todavía un documento jurídicamente inexistente por cuanto no se lo ha firmado por los representantes idóneos de las partes, está lleno de paja. Hay que leerlo con sumo cuidado para discernir el grano que aquella oculta. Y ese grano es dinamita pura.
Vayan, para la muestra y por lo pronto, unos cuantos botones:
-La Reforma Rural Integral (RRI) contempla un Fondo de Tierras de distribución gratuita para trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente y comunidades más afectadas por por la miseria, el abandono y el conflicto, que se integraría a lo largo de 10 años con 3.000.000 de hectáreas (1.1.1), al que debemos añadir otras 7.000.000 de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural que se aspira a formalizar priorizando áreas como las relacionadas con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Zonas de Reserva Campesina y otras que el Gobierno establezca (1.1.5).
Pues bien, de acuerdo con el censo agropecuario, la superficie cultivada en el país cubre aproximadamente 7.000.000 de hectáreas (Vid. Campo colombiano en la pobreza).
Ello significa que por distintas vías que van desde la adquisición voluntaria de tierras hasta la extinción del dominio, pasando por la expropiación, se proyecta dar un vuelco sustancial a la estructura de la propiedad rural en pro de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y comunidades, con la práctica desaparición de los propietarios actuales, a quienes se considera como detentadores de extensiones excesivas, explotadores de la mano de obra rural, depredadores del medio ambiente y productores ineficientes.
Es un proyecto pensado, en el fondo, contra el empresario rural que ha contribuido a la modernización del sector. Apenas se lo menciona tangencialmente en alguna parte, pero la idea es desterrarlo del campo.
Para suplirlo y compensar, además, las múltiples deficiencias del sector rural, se piensa en poner en acción unos 25 planes que implicarán la creación de sendas estructuras burocráticas cuya integración lo más probable es que se confíe a las Farc. Estas controlarían, entonces, a las comunidades y, además, la acción estatal en el campo.
Se dice que Proantioquia y Eafit han estimado en ocho billones de pesos el costo anual del Acuerdo con las Farc, suma que les daría a estas un enorme peso político.
-Lo acordado sobre cultivos ilícitos equivale, ni más ni menos, a la legalización de unas 200.000 hectáreas sembradas hoy en coca.
Las Farc, descaradamente, niegan estar involucradas en el narcotráfico, salvo por ocasionales necesidades de financiación de la rebelión, pero asumen la vocería de las comunidades cocaleras, con las que se dice que será necesario concertar la sustitución de cultivos, sin que se permita a las autoridades obrar mediante la coacción, salvo en casos excepcionales en los que se admitiría solo la erradicación manual.
Todo lo que se escribe en el capítulo respectivo es un deplorable canto a la bandera, acompañado de una todavía más deplorable claudicación del Estado frente a una de las organizaciones narcoterroristas más poderosas del mundo.
-La Comisión de la Verdad que se proyecta integrar con 3 representantes del gobierno, 3 de las Farc y 3 más designados de común acuerdo entre las partes se aplicará básicamente a lavar la imagen de aquellas y enturbiar la del resto de la sociedad colombiana, con el propósito de paliar los innumerables y atroces crímenes de la narcoguerrilla y legitimarla ante las nuevas generaciones de colombianos. A ese cometido se aplicarán en buena medida las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ya se anuncia por boca de Santos que perseguirá a agentes estatales, empresarios, agricultores, periodistas y profesores.
Pero lo más grave es el intrincado esquema de protección de los miembros de las Farc y persecución a quienes se considere como paramilitares, colaboradores de estos y autores de crímenes contra la paz. Se prevé la creación de unas 14 instancias, dos de las cuales serían especialmente temibles:
a) La Unidad Especial de Investigación, integrada a la Fiscalía General de la Nación, pero bajo el mando de un director que hará parte de aquella y que de hecho será independiente, pues se lo nombrará por 6 años y no podrá ser removido sino por faltas disciplinarias gravísimas (Vid. 3.4.4).
b) Un Cuerpo Élite dentro de la Polícía Nacional que garantice la acción inmediata del Estado contra las conductas que deberá investigar la Unidad Especial de Investigación (3.4.5).
EN rigor, lo que acá se contempla es la creación de una Policía Política equivalente a la Gestapo o la KGB, que funcionaría bajo la orientación de la seguridad cubana y el control de las Farc.
-Cierro, por hoy, con la «Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final y de Resolución de Diferencias», a la que Libardo Botero le dedica un exhaustivo análisis en Debate (Vid. La dictadura de las Farc).
Según Botero, es una » faceta de inocultable gravedad: se crea un organismo incontrolable y de facultades inconmensurables, con la excusa de vigilar la implementación de los acuerdos, que significará nada más ni nada menos que la vía para que las Farc ejerzan durante los diez años que durará la “transición” (o el “posconflicto”) un poder omnímodo, sometiendo al engranaje del Estado a su arbitrio.»
La CSVR estará integrada por tres representantes del gobierno y tres de las Farc, pero tendrá un componente internacional compuesto por un representante de Cuba, uno de Venezuela, otro de Chile y uno más de Noruega.
Botero destaca las siguientes atribuciones de esta Comisión:
“Resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos…”; “Constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, corresponda a lo acordado, antes de que sean expedidos o presentados, según sea el caso, por el Presidente de la República”; “Proponer borradores de normas que deban ser acordadas para la implementación del Acuerdo Final”.
En consecuencia, la representación de la soberanía popular que según el artículo 3 de la Constitución Política ejercen el Presidente y el Congreso quedaría supeditada a la instancia previa del control de la CSRV.
Es lo que Botero llama con toda razón la dictadura de las Farc.
Reitero acá lo que he venido diciendo en distintos escenarios: lean este mamotreto. léanlo entre líneas muy juiciosamente, vayan al fondo que se disfraza bajo una empalagosa retórica y descubran el pavoroso collar bomba que se pretende que los colombianos nos colguemos votando Sí en el plebiscito del próximo dos de octubre.