Si el costo de la participación política de las Farc es generador de nuevas violencias, en materia de justicia es aun peor.
Admitamos que conseguir que los asesinos dejen de matar suponen renunciar a la aplicación integral de la justicia. Es la lógica de la llamada justicia transicional. Pero si antes del 2002 esa renuncia parcial a la justicia en aras de “la paz” podía hacerse casi sin límites, desde entonces está condicionada a dos elementos: por un lado, al cumplimiento de lo que ordena el tratado internacional que en ese año puso en vigencia la Corte Penal Internacional (CPI) y, por el otro, a que la reducción en justicia se compense con mucha verdad y mucha reparación para las víctimas.
Pues bien, los pactos entre Santos y las Farc no cumplen ninguno de esos criterios. Santos alega que no habrá impunidad, dizque porque habrá juzgamiento y sanción. Lo que no dice es que la inmensa mayoría de guerrilleros será amnistiada o indultada y que los que no lo sean solo tendrán una sanción que es simbólica y que no se ajusta a lo que establece el estatuto de la citada Corte. Primero, el Acuerdo con las Farc dice que “en ningún caso habrá cárcel o prisión ni medida de aseguramiento equivalente”. Ni siquiera para los crímenes más graves, como los crímenes de guerra y los de lesa humanidad. Las “sanciones” que se pactaron solo son “trabajos, obras o actividades reparadoras y restaurativas” como participación en “programas de protección del medio ambiente, de desarrollo rural, de eliminación de residuos, o reparación de infraestructura”.
Además, al menos por dos años, aunque podría extenderse por más tiempo, a los responsables de esos crímenes atroces se les pagarán por “participar” en esos programas. En efecto, mientras que están “condenados” cada uno de ellos recibirá del Estado diez millones de pesos, una suma mensual equivalente al 90% del salario mínimo y los pagos de su seguridad social. Más aun, esos criminales, mientras que son juzgados y después de condenados, podrán postularse a cargos de elección popular y ejercerlos en caso de ser elegidos.
Además, las “sanciones” que se acordaron violan lo que ordena el Estatuto de la CPI. En su artículo 77 se dice que las sanciones serán la “reclusión”, es decir, una pena privativa de la libertad como la cárcel o la prisión, y la “multa”. Nada más. Por eso, la Fiscal de esa Corte dijo la semana pasada que eran indispensables “medidas que aseguren que los responsables de los sufrimientos [de las víctimas] sean genuinamente puestos a disposición de la justicia”. Y resalto “la importancia fundamental de una auténtica rendición de cuentas – que por definición incluye sanciones efectivas – en la consolidación de una paz sostenible”. Claro, el Gobierno nunca se refirió a esas advertencias de la Fiscal. No le convenían.
Esas del pacto de Santos con las Farc no son sanciones ni mucho menos sanciones efectivas. Ni acá ni en Cafarnaún. Son pura paja. Ya las quisiera cualquier preso en Colombia. O cualquier desempleado.
Por cierto, es indispensable pensar en el mensaje que se da al ciudadano de a pie que no encuentra empleo y que no recibe del Estado ni un céntimo y que en cambio ve que estos asesinos obtendrán millones. Y en el que se envía a los delincuentes comunes, el ladronzuelo o, incluso, el que quitó una vida exaltado por pasión o con tragos. Ese pagará muchos años de prisión y estos asesinos sistemáticos y masivos, que han matado y secuestrado a ciencia y conciencia por décadas, no solo no van a la cárcel sino que resultan premiados. ¿Cuál es el mensaje ético? ¿Es eso justo? ¿No hay invitación a la violencia?
Agréguese que aunque se dice que habrá reparación material para las víctimas, en ningún lado se establece que los guerrilleros deban hacerlo ellos directamente. Y que no se les obliga a entregar los bienes adquiridos ilícitamente. Peor sería difícil.
Como bien dijo la Fiscal de la Corte, “los fines de una paz sostenible están intrínsecamente ligados a la realización de la justicia y a que ésta se vea realizada”. Exactamente lo que no tendremos.