Lo firmado en La Habana es la cuota inicial de un conflicto que separará y polarizará a la sociedad colombiana.
Firmados los acuerdos de La Habana que seguramente serán refrendados en el plebiscito del próximo 2 de octubre, la sociedad colombiana quedará perfectamente desequilibrada. Mientras en la calles habrá cientos de miles de colombianos desempleados, rebuscando el dinero para su diario vivir, en los campamentos de las Farc habrá un grupo de delincuentes recibiendo un generoso cheque mensual con el que podrán montar proyectos productivos.
¿Cómo explicarle a un vendedor ambulante que en su vida ha cometido delitos y que se ha esforzado trabajando 20 horas diarias para sostener a su familia y que nunca ha recibido nada por parte del Estado que a partir del 2 de octubre los bandidos que integraban a la banda terrorista de las Farc tendrán una pensión mensual del salario mínimo?
Y las cárceles colombianas que están llenas de personas que aún no han sido condenadas y otros que sí lo fueron sin que medie prueba alguna, ¿qué tan grande será el sentimiento de frustración cuando los detenidos vean que asesinos, narcotraficantes, masacradores, secuestradores y reclutadores de niños de las Farc no serán sus compañeros de reclusión?
¿Cómo harán los profesores del colegio para explicarles a sus alumnos que unos delincuentes que durante 50 años desangraron a la Patria no recibirán castigo alguno por sus crímenes? ¿Y los padres de familia, que se esfuerzan por educar a sus hijos dentro de un marco de valores, qué respuesta tendrán cuando éstos les pregunten por qué quienes hicieron tanto daño no tendrán que asumir las consecuencias de sus actos?
Y desequilibrada quedará la sociedad por cuenta de la sobrerepresentación de las Farc en la política. De entrada, ya tienen 10 curules aseguradas, más las que se ganen en virtud de la presión armada de sus socios del ELN que seguirán en la clandestinidad, a cargo del negocio del narcotráfico.
Desequilibrio también en materia de respeto y reivindicación de los derechos de las víctimas, particularmente de los menores reclutados forzosamente. El gobierno, obrando como cómplice de las Farc, está permitiendo que esa guerrilla mimetice, quién sabe de qué manera, a los miles de niños que tienen en su poder.
Un país vive en paz cuando todos los ciudadanos gozan de los mismos derechos y tienen que cumplir con las mismas obligaciones. Mientras una persona común y corriente tiene que esforzarse toda su vida estudiando y trabajando honradamente para progresar, los delincuentes de la banda narcoterrorista Farc, utilizando el atajo macabro de la violencia, serán unos “ciudadanos privilegiados”.
Combinación de formas de lucha
Uno de los elementos más delicados de este supuesto proceso de paz es el hecho de que el ELN, banda delincuencial que coincidencialmente ha crecido exponencialmente durante el proceso de La Habana, aún seguirá en armas heredando las antiguas zonas de influencia terrorista de las Farc.
Entonces, mientras Timochenko y sus secuaces harán política, posando de grandes estadistas, hombres fuertemente armados del ELN se darán a la tarea de presionar a la población civil para que respalde con su voto las pretensiones electorales de las Farc.
Al coctel hay que sumarle el dinero producto del tráfico de drogas que tiene la guerrilla en su poder. En los años 90 del siglo pasado el cartel de Cali, con sus millones compró la presidencia de Colombia, sentando el presidente de que con dinero sí es posible llevar a la primera magistratura a la persona que los mafiosos escojan. Con sus toneladas de oro, las Farc intentarán hacer exactamente lo mismo.
Es natural que la perspectiva de vivir en paz genere el éxtasis colectivo que ahora se registra en el país. Pero que el sano juicio se imponga antes de que sea tarde y se comprenda que la paz que firmó Santos es, en efecto, un factor que en vez de unir a los colombianos, los separará, los polarizará. El pacto firmado en La Habana es la cuota inicial de un verdadero conflicto social que se desatará más temprano que tarde.
@IrreverentesCol