Ángela Hernández, es la diputada santandereana del partido de la U que en las dos últimas semanas escandalizó a los medios de comunicación por hacer lo que los políticos no hacen: ser coherente y consecuente en lo que piensa, dice y hace. La diputada, honrando su educación familiar y su formación cristiana, en su escenario natural, el recinto de la asamblea, dejo claro, como lo hacen los auténticos santandereanos: “que no comparte ni acata las disposiciones normativas que pretende imponer socarronamente la Ministra de Educación Gina Parody, en los colegios del país”.
La diputada, sin destemplarse, con el ímpetu de la juventud, le reiteró a la ministra a través de los medios de comunicación que a los colegios se llevan los niños para que aprendan matemáticas, sociales, física, química… que la educación sexual de los niños es una tarea discrecional de los padres, y que los silenciados rectores y profesores no están de acuerdo con la alteración de la uniformidad que debe regir en los colegios. La diputada dijo lo que la gran mayoría dice en privado y es rumor: que las imposiciones en temas de diversidad sexual en los colegios es una estrategia conjunta de la ministra y las ONGs defensoras de los derechos LGTBI como Colombia Diversa y Dejusticia.
Defender sus creencias e ideología le costó a la diputada la más descomunal arremetida y furia -que llegó al extremo de proferir amenaza contra su integridad-, de varios sectores de opinión que piensan que sus teorías “progresistas” se deben acatar e imponer como norma de conducta para dar ejemplo de convivencia y tolerancia.
Señalar de homofóbicos, retardatarios o fanáticos religiosos a quienes pensamos que es incorrecto que en un colegio o jardín escolar se permita la violación de las normas internas para dar tránsito a la anarquía, es la antítesis de los principios elementales de la democracia y la desnaturalización de otro principio de la filosofía del derecho que soporta la validez y el acatamiento de la norma a la esfera personal de la conciencia y el derecho a la resistencia cuando una norma es “derecho incorrecto”, como magistralmente lo expone Arthur Kaufmann.
La comunidad LGTBI merece todo el respeto y protección de sus derechos; particularmente estoy de acuerdo en los avances normativos para proteger sus derechos civiles y patrimoniales: para nada me incomoda el derecho que tienen de contraer matrimonio, si eso los hace felices, que lo hagan. Pero pretender desestabilizar la estructura social a través de sentencias que son más triunfos de los relacionistas públicos en las altas cortes, es otro tema que amerita debate y de ser necesario, la convocatoria de referéndum para temas sensibles para la sociedad sería el camino. Ahora resulta que quienes dicen ser defensores de los derechos ciudadanos, promotores de la paz y defensores de las minorías, pretenden obtener sus derechos, violando y pisoteando los derechos de los demás, que casi siempre son los derechos de las mayorías.
Los colegios son la segunda casa de nuestros niños y adolescentes, en ellos se les debe formar para que sean los defensores de la democracia, y la democracia tiene un valor fundamental, el respeto a la norma, y respetar la norma requiere de un valor individual, la disciplina: acabar la disciplina es violentar la norma, y violentar la norma es recorrer el camino para desnaturalizar la democracia, y ese camino es el más peligroso para la sociedad.
@laureanotirado