Amnistía. Esa es la cereza del pastel que se lleva cocinando durante cerca de 5 años entre el gobierno y las Farc. Todo lo demás es secundario. Los jefes guerrilleros, sobre los que pesan condenas en firme y solicitudes de extradición por delitos de narcotráfico y secuestro, lo que más anhelan es que se les borre su prontuario a través de una ley de amnistía, lo más amplia posible.
De acuerdo con la Constitución vigente, los delitos relacionados con la rebelión, la asonada y la sedición son los únicos que pueden ser amnistiados. Los llamados delitos políticos son un verdadero anacronismo en una sociedad democrática. Estos son válidos en los regímenes donde no existe libertad para el pluralismo ideológico, cosa que claramente no sucede en Colombia donde hay espacio suficiente para que todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha, se expresen dentro de la democracia.
El reconocimiento del delito político sirve como sustento para que se desarrollen tesis estrambóticas como las que en su momento defendía Carlos Gaviria Díaz quien hacía una arbitraria discriminación entre “crímenes buenos” y “crímenes malos”. Basta con recordar la dicotomía planteada por él en sentido de que “una cosa es matar para enriquecerse y otra muy distinta es matar para buscar una vida mejor”.
El diablo de las conexidades
Buena parte de los integrantes de la guerrilla tienen cuentas pendientes por delitos que van más allá de la rebelión. Como revelaron LOS IRREVERENTES, 13 de los principales cabecillas de esa banda criminal tienen pedido de extradición por parte de la justicia norteamericana. (Puede leer “Los extraditables de las Farc”)
En ese sentido, el perdón judicial que las Farc anhelan no se limita a delitos menores. Requieren que se les perdone el reclutamiento de menores (crimen de lesa humanidad), las masacres que han cometido (delito de lesa humanidad), los desplazamientos forzados (delito de lesa humanidad), el secuestro con fines extorsivos (delito de lesa humanidad) y, por supuesto, el tráfico de sustancias estupefacientes.
El mecanismo que encontró el gobierno para satisfacer la exigencia de las Farc consiste en ampliar las conexidades del delito político. Con argumentos increíbles como aquel que indica que el narcotráfico fue utilizado por la guerrilla para “financiar su lucha”, se pretende meter a ese crimen como conducta amnistiable. Lo mismo se hará con el reclutamiento de menores, al decir que los niños que fueron llevados a la fuerza a los campamentos terroristas se hizo para librar la guerra contra un “Estado opresor”.
La ansiedad del gobierno por hacer la paz con la guerrilla al precio que sea, se traducirá en un acuerdo endeble que claramente no quedará blindado contra la acción de la justicia penal internacional que prohíbe que delitos considerados de lesa humanidad sean cobijados por amnistías o indultos.
Carlos Gaviria Q.E.P.D fue el promotor de la dicotomía entre crímenes buenos y crímenes malos
Amnistía antes de la concentración de tropas
Las Farc ahora hacen una nueva exigencia: que el gobierno conceda la amnistía antes de que sus hombres sean conducidos a las zonas de despeje que se decretarán a lo largo y ancho del país. Cumplir con dicha demanda es perfectamente imposible antes de que se lleve a cabo el plebiscito, pues el gobierno no puede amnistiar antes de que el acuerdo final sea validado o invalidado por los ciudadanos.
Así las cosas, el escenario será bastante complejo. Los colombianos llegarán al plebiscito con unas Farc que estarán por fuera de las zonas donde deberán concentrarse y adelantando proselitismo armado en las regiones del país en las que ejercen presión contra la población civil. Una trampa más a favor del SÍ, hecho que fortalece la ilegitimidad del procedimiento de validación popular de los acuerdos de paz.
@IrreverentesCol