El Centro Democrático anunció para el 31 de este mes su decisión en torno del plebiscito que proyecta convocar Santos para refrendar el Acuerdo Final con las Farc cuya firma se espera que se produzca en pocas semanas.
Pienso que, por consideraciones de principio, la decisión debe orientarse por el NO.
En efecto, el artículo 95 de la Constitución Política establece en su numeral 5 que es deber de los colombianos «Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país».
Mal le quedaría, por consiguiente, a un partido que funda su ideario y sus actuaciones en la defensa de la institucionalidad proponerle a la ciudadanía que se abstenga de participar en un evento de tamaña significación como la refrendación o el rechazo populares a lo que se acuerde con las Farc para ponerles punto final a los diálogos de La Habana.
De convocarse el plebiscito, la pregunta obvia que tendría que formularse es si se está de acuerdo o no con lo que se convenga con las Farc según los documentos que el gobierno estará en la obligación de dar a conocer en su integridad y con antelación no inferior a un mes.
Aunque, desde luego, no sabemos todavía el contenido del Acuerdo Final, lo que se conoce ofrece muchos motivos para el NO. Lo estipulado sobre justicia, protección de los integrantes de las Farc, ordenación del sector rural y financiacion del postconflicto exhibe de suyo muchos motivos de rechazo. Y cuando se conozcan en su integridad los convenios sobre régimen electoral y otros temas que todavía no se han definido, seguramente aparecerán nuevos argumentos para oponerse a la aprobación del Acuerdo.
No solo se trata de estipulaciones de manifiesta inconveniencia, sino que podrían dar lugar a nuevos y muy graves conflictos, de suerte que en vez de conseguir la anhelada paz, Colombia podría verse enfrentada al riesgo de una verdadera guerra civil.
La abstención es un recurso extremo al que solo sería dable acudir en caso de que de hecho desapareciese toda garantía razonable para adelantar la campaña por el NO.
Es verdad que la lección que dejó el último debate presidencial alimenta el escepticismo, pues definitivamente Santos no reconoce talanqueras jurídicas ni morales para presidir un certamen ajustado a reglas de juego confiables.
Pero la Corte Constitucional en su fallo sobre la ley estatutaria dispuso, al parecer, una serie de condicionamientos destinados a garantizar la igualdad de las campañas en favor y en contra de la propuesta gubernamental, según puede leerse en el siguiente comunicado (Ver Comunicado Corte Constitucional)
Si Santos continúa abusando, la primera alternativa es denunciarlo y para ello están la Procuraduría, el Consejo Nacional Electoral y las autoridades judiciales, fuera del recurso ante la opinión pública y, si fuere del caso, ante organismos internacionales.
Además de los argumentos jurídicos y morales que justifican que se vote en el plebiscito, hay otros más de oportunidad política que son de bastante peso, como el que surge de la mala experiencia que tuvo la oposición venezolana cuando dejó solo a Chávez en unas elecciones para que luego hiciera lo que le viniese en gana y terminara de sojuzgarla.
No creo que ahora se repitan las circunstancias de 1949, cuando el Partido Liberal se vio forzado a abstenerse de participar en las elecciones presidenciales por la situación de violencia generalizada que reinaba en el país y llevó al entonces Registrador Nacional el Estado Civil, Eduardo Caballero Calderón, a retirarse de su cargo para no cohonestar, según dijo en esa oportunidad, «una sangrienta farsa».
El gobierno tiene que comprometerse a que en los lugares de influencia de las Farc estas se abstengan de ejercer presión sobre sus habitantes para forzar el voto favorable, suspendiendo si fuere del caso el certamen en dichos sitios o pidiendo la intervención de la ONU.
En todo caso, opino que carecería de toda presentación optar por abstenerse con el torcido propósito de sabotear el plebiscito esperando que la votación no alcance el umbral fijado por la ley estatutaria. Si Santos decide jugar sucio, allá él. Pero el Centro Democrático tiene que esforzarse en dar ejemplo de decencia política.