Los colombianos tendrán que soportar que un grupo de extraditables, una vez se desmovilicen, sean los encargados de hacer leyes.
En la madrugada del 13 de mayo de 2008, el presidente Uribe tomó una de las decisiones más audaces de su gobierno: conceder al gobierno de los Estados Unidos la extradición de 13 jefes desmovilizados de las autodefensas que tenían cuentas pendientes con diferentes cortes de ese país, por el delito de tráfico de estupefacientes.
Así, simultáneamente de las cárceles La Picota en Bogotá, máxima seguridad de Itagüí y La Modelo de Barranquilla, fueron sacados los más representativos líderes de las extintas AUC para ser entregados a un grupo de agentes de la DEA que tenían todo organizado para transportarlos hacia Miami y Nueva York.
Cuando empezó el proceso de paz entre el gobierno de Uribe y las autodefensas campesinas, la izquierda y la oposición liberal alegó que dicha negociación se estaba dando para evitar que los jefes paras fueran entregados a las autoridades norteamericanas. Valga recordar que en 2001, los Estados Unidos emitieron las primeras solicitudes de extradición contra integrantes de las AUC. Aquella vez, los pedidos fueron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”.
Hoy, paradójicamente, la izquierda y el liberalismo son las principales fuerzas políticas que promueve la no extradición de los capos de las Farc.
Una decisión coherente
El expresidente Uribe, desde el comienzo de los diálogos con los denominados paramilitares, dejó claro que con ellos había temas que no serían negociables: la extradición, la participación en política y la no cárcel.
El gobierno de entonces, entendía que los responsables de los peores crímenes contra la humanidad, como el desplazamiento forzado, las masacres y el reclutamiento de menores, debía recibir penas efectivas de cárcel, tal y como quedó consignado en la ley de Justicia y Paz, la cual concede un alivio en manera punitiva, pero no envió a los responsables directamente a sus casas. Han pasado más de 11 años de la desmovilización de las autodefensas y aún hay jefes de esa estructura privados de la libertad.
Igualmente, se descartó de plano que los desmovilizados que hubieran recibido algún tipo de condena pudieran ser elegibles. En ese caso, se aplicó el precepto legal vigente en Colombia que indica que todo aquel que sea condenado por algún delito doloso no puede ser elegido, ni contratado, ni mucho menos nombrado en cargos públicos.
Las condiciones impuestas a los desmovilizados de las AUC eran claras: si cumplían íntegramente sus compromisos con la ley de Justicia y Paz, dejaban de cometer actos ilícitos, reparaban a sus víctimas y observaban un comportamiento ejemplar en el centro de reclusión en el que se encontraban confinados, las ordenes de extradición que pesaban sobre ellos serían suspendidas, maso no canceladas.
El gobierno tuvo información de que los desmovilizados no estaban cumpliendo con su compromiso, razón por la que, sin pensarlo demasiado, procedió a emitir las respectivas resoluciones dando vía libre a su extradición.
Buena parte de la cúpula de las Farc está solicitada en extradición
Estilos distintos
Mientras Uribe no se escudó cobardemente tras la facultad discrecional que les concede a los presidentes la libertad de conceder o no una extradición, Juan Manuel Santos, en cambio, negoció en La Habana la no extradición de los capos de las Farc que son requeridos por distintos tribunales de los Estados Unidos por haber inundado a aquel país de cocaína, en asocio con carteles colombianos, venezolanos y mexicanos.
Así las cosas, cuando los jefes de las Farc se desmovilicen y sean premiados con curules en Congreso de la República, Colombia tendrá que cargar con el deshonor de tener como legisladores a un grupo de extraditables.
Si el país aún se escandaliza cuando recuerda que por el capitolio se paseó orondamente Pablo Escobar, debe ir preparándose para soportar que, 30 años después de ese vergonzoso episodio, las leyes empiecen a ser redactadas por todo un cartel del narcotráfico.
@IrreverentesCol