Por Álvaro Uribe Vélez
Expresidente de Colombia
El peligro real es la aprobación de un acuerdo entre el Gobierno y la Farc que da total impunidad y elegibilidad política al narcotráfico y a otros delitos atroces del grupo terrorista. El peligro es tener zonas de concentración, que contrario a intenciones de paz, la Farc ha anticipado que serán enclaves socialistas. El peligro es considerar que el terrorismo es oposición política y reconocerle vocería en nombre de las minorías que piden ser reivindicadas. Por razones semejantes el chavismo empezó con una combinación entre socialismo y economía privada, pero la tiranía incrementa la represión y anula los subsistentes vestigios de empresa privada a medida que avanza el fracaso y aumenta la pobreza. El peligro es someter a las Fuerzas Armadas al Tribunal de la Farc y obligar a reconocer delitos no cometidos para evitar cárcel. El peligro es aprobar una justicia a la medida del terrorismo, justicia que expresamente niega cualquier modificación por fallos futuros de la justicia ordinaria, que podrían ser contrarios al terrorismo o favorables a las Fuerzas Armadas. El peligro es aprobar el Gobierno de Santos que es la cuota inicial de futuros gobiernos de Farc; Gobierno de Santos que tiene la decisión de imponer más impuestos pero después del plebiscito.
Lo formal es la tramposa reducción del umbral del plebiscito del 50% al 13%, que afecta la equidad en la participación política no obstante que se tramitó de conformidad con las leyes estatutarias. Lo formal es el hecho de tener una sola pregunta para tantos temas controversiales que el Gobierno oculta tras la cautivante palabra paz. Lo formal es la negación de recursos oficiales para publicidad del No o de la Abstención, y la coacción oficial a servidores públicos y al sector privado para el Si.
Lo formal y peligroso es que el Gobierno y los cabecillas de la Farc procedan como constituyentes. Seguramente, ahora que un eventual Si del Plebiscito no es vinculante al Congreso, pues solo lo es a la Presidencia, y que por ende no tendrá el efecto jurídico requerido para activar el Acto Legislativo Extraordinario que sustituye la Constitución, el Presidente y las mayorías del Congreso busquen otro atajo o acudan a la Reforma Ordinaria de la Constitución para buscar elevar los acuerdos con el terrorismo a normas Constitucionales Inmodificables.
El engaño es decir que el Gobierno es el primero en consultar con los ciudadanos lo acordado con el terrorismo, que obliga a recordar que en el anterior Gobierno no hubo negociaciones de la agenda nacional con el terrorismo y que los 53 mil desmovilizados se sometieron a la justicia.