El próximo 19 de agosto se cumple un año del cierre de nuestra frontera con Venezuela. Y no deja de ser preocupante ver cómo pasan los meses y el gobierno nacional no reacciona ante el desastre que causa esta situación. Como integrante de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, encargada de hacer control político a las relaciones exteriores y temas fronterizos, he visitado en varias ocasiones los territorios limítrofes y he realizado debates de control político para exigir a la Canciller y al Presidente de la República solucionar esa situación lo más pronto posible. Sin embargo, no llegan las soluciones y las respuestas son muy pocas.
En mis viajes a Norte de Santander, La Guajira y Arauca, tuve la oportunidad de escuchar a la gente y observar las graves consecuencias que ha traído para ambos países esta situación. Aun así, y pese a la labor adelantada por el Congreso, hoy me sigo preguntando: ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar los colombianos para ver una actitud firme y decidida de parte del gobierno? ¿Es que los derechos de los colombianos que viven en las zonas de frontera son negociables, a cambio de un proceso de paz? ¿Cuándo será que el presidente Santos defienda la carta democrática de la OEA y condene la dictadura que agobia el vecino país?
¡No es hora de seguir callando!, ni ante la situación generada por el cierre fronterizo, ni ante la crisis humanitaria que afrontan nuestros hermanos venezolanos.
Hace un par de semanas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó la apertura de la frontera por tan solo doce horas. Las imágenes en los medios de comunicación fueron desgarradoras, tristes y dolorosas. Ese día se vio en toda su magnitud el drama de los venezolanos: familias desesperadas; largas esperas bajo el inclemente clima; angustia en los rostros porque el dinero nos les alcanzaba para comprar todo lo que necesitaban; la incertidumbre de tener que regresar a su país, sin saber si tendrán oportunidad de volver por más alimentos o medicinas.
Es indignante ver como la indiferencia y el desprecio por la necesidad del otro, se apoderan del gobierno de Juan Manuel Santos. El dolor de los colombianos y de los venezolanos no le dice nada al presidente. ¡Y eso es muy grave! Un mandatario que no es capaz de sintonizarse con el sentir de un país es sumamente peligroso a la hora de defender los intereses de las personas. Pues al final no defenderá los intereses de todos sino los propios.
Cabe recordar que 18.870 Colombianos fueron sacados del país vecino sin ninguna clemencia, vulnerándoles todos sus derechos, sin que el gobierno colombiano haya reclamado ante organismos internacionales. Miles fueron intimidados por el accionar de la guardia venezolana y optaron por retornar a Colombia, con el drama humano y familiar que ello conlleva.
Las pérdidas económicas de los comerciantes ascienden a 400.000 dólares diarios y las pérdidas en materia de empleos directos a 15.000. ¡Todo un desastre humanitario y económico en la zona de frontera! Sin embargo, ¡no pasa nada!
Adicional a esto, poco se conocen los avances –si los hay – de la cooperación entre las autoridades de ambas naciones, con miras a controlar los delitos que más afectan la frontera: contrabando, narcotráfico, presencia de guerrillas y bandas criminales.
Veintidós personas han muerto intentando pasar la frontera en busca de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos. Sin embargo, a los dos gobiernos, poco parece importarles el desastre que en todo sentido ocasiona el cierre de la frontera. ¿Hasta cuándo? Eso está por verse.
@Tatacabello