Análisis de: Juan Carlos Capacho
Concejal de San José de Cúcuta
Las provincias han sufrido el abandono del Gobierno de Juan Manuel Santos. De todas, la que más, Catatumbo. Históricamente ha padecido la presencia de grupos narco terroristas: FARC, ELN, EPL y BACRIM. Todas han reclamado ese territorio para instalar su feudo en forma de Zona de Reserva del Catatumbo (ZRC). Samper, Iragorri y el ministro Cristo, han asegurado que su creación es compromiso del gobierno.
Entregar el Catatumbo, zona geoestratégica, es ceder aguas internacionales, selva, frontera con Venezuela, reserva indígena y riqueza minera del país. Y lo más grave, se entrega un corredor estratégico a las Farc para sus asociaciones criminales con el Chavismo.
El abandono del gobierno, la suspensión de erradicación y fumigación de cultivos ilícitos en la zona, ha hecho que se incrementen los cultivos ilícitos. Pasaron de 3 mil hectáreas en 2011 a más de 35 mil en 2016 (reporte de la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de Estados Unidos (ONDCP)). Los primeros síntomas del control territorial que ejercen estos grupos se advierten en las olas de violencia, homicidios, desapariciones, secuestros, extorsión y desplazamientos.
Los cultivos ilícitos han crecido exponencialmente en la región del Catatumbo
Ingresar a este territorio es una odisea. A sus pobladores les esta prohibido cualquier tipo de acercamiento con la fuerza pública. Nadie les provee comida o víveres, están confinados en sus cuarteles para minimizar la posibilidad de ser victima de francotiradores u otro tipo de atentados. Los soldados y policías solo pueden salir de estos municipios por vía aérea.
Los pobladores están constreñidos por estos grupos violentos. Casos como los de Ramón Cabrales, Henry Pérez y Melisa Trillos, son radiografía de la situación. Un ciudadano extranjero no puede circular en la zona. Los casos de Salud Hernández, Diego de Pablos, Pablo Melo, periodistas secuestrados recientemente, son una alerta y merecen una respuesta contundente, un No Más.
Otra vez los habitantes del área metropolitana de Cúcuta y demás municipios quedarán rodeados y condenados a vivir asediados y secuestrados en sus ciudades, tal como sucedió en las décadas de los ochenta y noventa.
¿Cómo puede la ciudadanía creer en los acuerdos de La Habana?
El Estado tiene el deber de proteger la vida, bienes, garantizar el derecho a la libre circulación y expresión de todos los ciudadanos. Debe este gobierno acabar la alcahuetería que hoy nos sume en pérdida del control territorial, escaldas de violencia, homicidios, secuestros, desplazamientos, extorsión, e inundación sin precedentes de los cultivos de coca.
@JuanCapacho