Esta semana, por fin, el tema de los menores que han sido reclutados a la fuerza y de manera sistemática por las Farc, fue asumido por la mesa de negociación de La Habana.
En líneas generales, el acuerdo alcanzado satisface las exigencias internacionales respecto de los menores que han sido utilizados para la guerra por parte de las Farc. Lo primero que hay que destacar es que se reconoce que los niños llevados a los campamentos terroristas son víctimas, lo cual implica que la responsabilidad directa y exclusiva de dicho delito recae en la comandancia guerrillera.
Así mismo, se hace una distinción especial de las niñas reclutadas, pues sobre ellas se han cometido delitos adicionales como el obligarlas a planificar y a practicarse abortos contra su voluntad.
La desvinculación de la totalidad de los niños en poder la guerrilla debió ser, desde el comienzo del proceso, una exigencia del gobierno. Resultaba absolutamente inaceptable que en La Habana se hablara de paz mientras los frentes y bloques de las Farc continuaran con menores en sus filas y, lo que es peor, persistieran en el reclutamiento.
El acuerdo anunciado esta semana presenta una dicotomía respecto de la edad que debe considerarse para establecer la minoría de edad. El gobierno y las Farc pactaron la desvinculación de niños con menos de 15 años, desconociendo el precepto constitucional colombiano que establece el acceso a la condición de ciudadano cuando la persona cumple 18 años.
El protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra, habla de 15 años y esa fue, seguramente, la argucia de la que echaron mano en La Habana para burlarse del ordenamiento legal colombiano. Sin embargo, voces especializadas en la materia insisten en que cualquier acuerdo de desvinculación de menores debe partir de dos premisas inamovibles: que se desvincule a los menores de 18 años y que la totalidad de ellos sean devueltos, cuanto antes, al ICBF, entidad que tiene la responsabilidad de propiciar el reencuentro con las familias, implementando medidas de seguridad suficientes para garantizar la no repetición.
Las Farc tienen entre 2 y 3 mil niños en sus filas, la mayoría de ellos reclutados antes de cumplir 15 años.
El gran debate
Frente al acuerdo que propicia la desvinculación de menores, ha surgido un interesante debate respecto de la condición que debe dársele a éstos. ¿Son víctimas o victimarios? La primera impresión es que todos los niños, cuando son sacados forzosamente de sus hogares para ser llevados a los campamentos de una organización armada ilegal, inmediatamente son víctimas. Con el agravante de que ese delito, de acuerdo con las normas internacionales, es imprescriptible, razón por la no puede ser cobijado por leyes de indulto o amnistía. La persona que en algún momento, en desarrollo de una actividad armada ilegal haya reclutado menores de edad, debe ser castigado con penas proporcionales a la gravedad del delito y en caso de que no se imparta justicia, de manera inmediata entrará a operar la jurisdicción penal internacional, tal y como ha sucedido en casos puntuales de países africanos en los que los autores intelectuales del reclutamiento de niños han sido castigados con condenas ejemplarizantes.
Ahora bien, surge entonces la duda respecto del tratamiento que debe dársele a un menor de edad reclutado forzosamente que con ocasión de su permanencia en el grupo armado ilegal comete un crimen atroz, como secuestro, masacre o el mismo reclutamiento de otros niños. ¿Aquel es victimario? O. ¿su condición de víctima lo exime de cualquier responsabilidad penal por los delitos que cometa?
La representante a la cámara uribista, Margarita Restrepo le dijo a LOS IRREVERENTESque “la condición de víctimas de los menores debe eximirlos de toda responsabilidad penal. Así mismo, tengo la convicción de que los comandantes de esos niños deben ser los responsables por todos los actos que éstos han cometido. Colombia tiene que entender que los niños que son arrancados de sus hogares no pueden, además de la tragedia que han tenido que soportar, ser perseguidos penalmente por las acciones demenciales que son obligados a cometer por los jefes terroristas”.
La congresista Restrepo ha denunciado que las Farc continúan reclutando menores
Son muchos los casos del derecho penal en el que una persona es víctima y victimaria al mismo tiempo, tesis que no puede ser utilizada cuando ha de tratarse el caso de los menores de edad que están en poder de las organizaciones armadas al margen de la ley. Los niños que han sido llevados a la guerra, primero lo hicieron contra su voluntad y, segundo, son totalmente inconscientes –y por lo tanto irresponsables- de los hechos atroces que se ven obligados a cometer mientras están enrolados en las filas criminales.
Aquello no significa que esos delitos queden impunes. La investigación y la responsabilidad debe, en esos casos, volcarse sobre los adultos que, ejerciendo mando sobre los menores, ordenaron la comisión de los mismos.
La sociedad colombiana debe rodear de garantías a los miles de niños que han sufrido el reclutamiento forzado y que serán desvinculados de las filas del terror. Claramente son muchísimos más que los 21 que con cinismo menciona Iván Márquez. Pero en lo que sí debe ponerse de acuerdo todo el país, es en asegurar que todos ellos reciban el apoyo suficiente para reincorporarlos plenamente a una sociedad de la que fueron arrebatados contra su voluntad.
@IrreverentesCol