Por Olga Trujillo, MD
La Ley 100 de 1993, por la cual se incorpora el sistema de seguridad social integral, ha sido desde su creación una norma que ha generado polémica y descontento, tanto para los usuarios del sistema como para los trabajadores del sector de la salud.
Sin embargo, existe desconocimiento aún de la ley, que está basada en los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación. Allí se enmarcan el sistema pensional, el sistema general de seguridad social en salud y Sistema general de riesgos profesionales.
En el papel, pareciera solucionar todas las necesidades que tiene el país en seguridad social, pero los hechos demuestran que el sistema está colapsando por 3 razones, en el ámbito de la salud, sin contemplar el problema creciente en materia de pensiones y riesgos profesionales.
En primer lugar, no hay confianza en las empresas promotoras de salud (EPS). Existen múltiples intermediarios encargados de entregar los insumos que hacen posible la atención en salud, en este punto el desvío de recursos es muy frecuente, se presta para el sobrecosto de equipos, medicamentos, procedimientos, entre otros. Desafortunadamente los entes de control no ejercen la vigilancia efectiva y oportuna para que esto no suceda, como ejemplo el caso de Saludcoop y Cafesalud.
No hay suficiente atención para la demanda creciente de los servicios de salud. La red de atención (Hospitales y clínicas) pública y privada no se ha ampliado lo suficiente. Al contrario, cada vez es más frecuente el cierre de hospitales por el mal manejo de recursos. En el caso de la falta de oportunidad y continuidad en la atención, se debe al poco número y centralización de los especialistas, que limita el acceso y retrasa la ejecución de procedimientos requeridos por los usuarios.
Y por último, los recursos son insuficientes. A pesar de que la cobertura aumenta, no solo ingresan al sistema contribuyentes, sino también personas del régimen subsidiado que no aportan recursos, es decir, los aportes para estos afiliados vienen de las cajas de compensación familiar, impuestos al consumo de tabaco, alcohol, juegos de azar, SOAT y aportes de la nación, entre otros. Para el 2015, según el informe al Congreso de la República, realizado por el Ministerio de la Salud y la Protección Social, alrededor de 23 millones de personas fueron afiliados activos al Régimen Subsidiado Vs. 20 millones aproximadamente de afiliados activos al Régimen Contributivo. Es muy difícil que el sistema sea sostenible si el contributivo es igual o menor a los beneficiarios. Además el Mapipos (normas que describen los procedimientos del POS tanto contributivo y subsidiado), aunque establece las excepciones y limitaciones, es muy extenso, de esta manera no hay recursos que alcancen.
Entonces, ¿qué se debería hacer?
Aumentar el empleo formal. De esta manera se garantiza el ingreso al sistema de cotizantes y por ende el ingreso de recursos.
Realizar actividades reales de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. Las EPS e IPS solo se centran en el cumplimiento de requisitos e indicadores en el papel, esto es una realidad. Una alternativa, efectiva en el largo plazo, es que los médicos rurales que no tienen plazas para realizar el Servicio Social Obligatorio, lo hagan en los colegios públicos. No con el fin de proveer atención en salud, sino de ser educadores, con unas cátedras específicas dirigidas a controlar las patologías prevalentes, de acuerdo a la morbilidad existente en cada zona del país. Esto impactaría los servicios de atención de urgencias, principalmente.
Disminuir la cobertura de procedimientos definidos en el Mapipos. Es importante recortar la cobertura de procedimientos y priorizar, de acuerdo a la morbilidad existente en el país, cuales son los más relevantes. Las personas afiliadas al régimen subsidiado pueden tener mayor acceso a procedimientos de todo tipo.
Ampliar la red hospitalaria debe ser una prioridad, o al menos mantener y mejorar la existente. En el país solo el 1% de las instituciones prestadoras de servicios de salud están acreditadas en el Sistema Único de Acreditación en Salud.
La salud es un derecho fundamental, es cierto. Los ciudadanos también tenemos el deber de cuidarnos y no solo exigir, ya que mantener el acceso a ese derecho vale.
@TrujilloOlga