Por Olga Trujillo, MD
La situación sanitaria en las cárceles de Colombia ha sido siempre un tema con el que todos se aterran, pero nadie hace nada al respecto. En los últimos días se ha hablado de la crisis por la no existencia de atención en salud en las penitenciarías del país. Es algo que se veía venir.
Desde el inicio de la liquidación de Caprecom EPS, se firmó un nuevo contrato multimillonario para que esta institución pudiera prestar los servicios, que continuó con una pobre asistencia médica. El Fondo Nacional de Salud de la Población Privada de la Libertad, aún no establece un modelo de atención y practicamente más de 120.000 detenidos permanecen en una grave situación, no sólo de falta de servicios médicos, sino en pésimas condiciones ambientales y de alimentación.
En esta crisis, se encuentran involucradas 3 partes. La primera, el Sistema Judicial, con procesos que no avanzan, pues existen más de 43 mil presos sin que se defina su situación jurídica, en detención preventiva, impactando además, de manera negativa el hacinamiento. La segunda, el Sistema Penitenciario y Carcelario, con la falta total de control y reforma de la estructura, dejando avanzar la corrupción y permitiendo que proliferen sindicatos que no hacen ningún bien a las cárceles del país; aproximadamente existen 72 sindicatos. La tercera, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, que no ha dispuesto formalmente las medidas para establecer un modelo de atención eficaz en los centros penitenciarios y desde la liquidación de Caprecom no ha promovido las acciones que debe tomar el Fondo creado por los ministerios de Justicia, Salud y Hacienda.
Ya han pasado 5 meses desde la creación de este Fondo y no se ven los avances al respecto. Además, desde la constitución de dicha entidad, está definido que la supervisión e interventoría correrán por cuenta del mismo. Será entonces juez y parte en el desarrollo de las funciones, en un espacio que se prestará para el desvío de recursos, sin vigilancia ni control externos.
El INPEC y Caprecom han sido inferiores a las necesidad en materia de salud de los presos de Colombia
¿Por qué la falta de voluntad del Gobierno Nacional en la crisis de salud carcelaria?
Porque es un gasto elevado mantener un preso, los dineros destinados son derivados del presupuesto nacional, aproximadamente se destina para cada uno de los detenidos 12 millones de pesos al año. No existe posibilidad de retorno, ya que los programas de resocialización no tienen ningún impacto en la persona, ni económico, ni mucho menos social.
El Sistema penitenciario y carcelario en Colombia debe cambiar, desde su administración misma como en las normas y procesos vigentes, entendiendo que el asunto de pena no debe ser necesariamente la cárcel. Debe entenderse que los presos tienen derechos y que el estado debe garantizar que estos servicios sean entregados de manera oportuna y dar cumplimiento a los derechos de los detenidos y presos en procesos penales, enmarcado en la declaración de los DDHH. Debe existir además un ente que ejerza vigilancia y control para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
@TrujilloOlga