Durante las últimas semanas se ha vivido un intenso debate en relación con las hojas de vida de algunos funcionarios en las que aparecen cursos que jamás han realizado y títulos que no tienen correspondencia con la realidad.
En el ojo de la polémica ha estado el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa a quien se le ha señalado por haber mentido respecto de un supuesto doctorado que él dice tener y que aparece referenciado en las solapas de un par de libros publicados por él en los años 90. Peñalosa aclaró el asunto sin mayores dificultades, hasta que esta semana un columnista, que valga decir fue fervoroso promotor de la candidatura de Rafael Pardo –quien perdió en las urnas frente a Peñalosa- salió con una nueva historia.
Efectivamente, el articulista asegura que Peñalosa no tiene una maestría en Gobierno del Instituto Internacional de Administración Pública de París, tal y como el alcalde escribió en su hoja de vida. Aquella denuncia, desató una serie de críticas que, como era de esperar, fueron utilizadas con fines políticos por los antagonistas del alcalde capitalino. El cuestionado concejal Hollman Morris, por ejemplo, se apresuró a demandar reacciones por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría. Paralelamente, el abogado Augusto Alfonso Ocampo Camacho redactó y filtró a los medios una denuncia en la que le solicita al vicefiscal general que se “investigue y si es del caso formule imputación y lleve a juicio criminal al Alcalde Mayor de Bogotá, como autor responsable del delito de falsedad en documento público agravado por el uso”.
Lo interesante no es tanto la demanda –los altos funcionarios del Estado son demandados casi a diario por diferentes motivos-, sino el demandante. El señor Ocampo Camacho ocupó un cargo de primer nivel en la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá durante la administración de Petro. En efecto, fue el “Director Distrital del Asuntos Disciplinarios” y le respondía directamente a la Secretaria, Martha Lucía Zamora.
Organigrama del equipo de Petro donde aparece el abogado Ocampo Camacho
Esta demanda formulada contra Peñalosa, por una persona que ocupó un cargo de confianza de Petro, que surge por una columna de un muy entusiasta promotor de la campaña de Rafael Pardo, tiene todo el cariz político imaginable.
El debate de los diplomas
No es la primera vez que los colombianos se enfrascan en una discusión sobre los títulos que los funcionarios y contratistas incluyen en sus respectivas hojas de vida. En principio, está claro que para acceder a determinados cargos, los manuales de funciones y requisitos, exigen determinada preparación académica que en muchas ocasiones es homologable con tiempo de experiencia profesional.
Ahora bien, quien de manera deliberada pone en la hoja de vida que oficialmente presenta en el momento en que se presenta para el cargo o para tomar posesión del mismo títulos que no corresponden a la realidad, claramente está incursa en el delito de falsedad en documento, lo cual es castigado penal y disciplinariamente.
Pero, ¿ese es el caso de Peñalosa? El “Régimen Especial para el Distrito Capital” indica que para ser Alcalde Mayor de la ciudad se exigen los mismos requisitos que para ser Senador de la República. Esto es: tener mínimo 30 años en el momento de la elección, ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y haber vivido en Bogotá tres años antes del momento de la inscripción.
Por ser un cargo de representación popular, no exige ningún tipo de preparación académica, ni años de experiencia laboral. Aquello significa que Peñalosa no tenía necesidad alguna de “mentir” en su hoja de vida, como se ha denunciado desde las filas del petrismo.
Ahora bien, si se comprueba que Peñalosa efectivamente mintió en su hoja de vida, simplemente por lucirse y exhibir una preparación académica de la que carece pero que legalmente no necesita acreditar para ocupar el cargo de alcalde, la sanción debe ser social y política, no penal.
La cuestionada contratista, Natalia Springer, infló su hoja de vida para celebrar contratos con el Estado
Con Peñalosa no ocurre lo mismo que en otros casos en los que efectivamente sí se incurrió en falsedades para efectos de poder acceder a cargos o celebrar contratos con el Estado. Ejemplo de ello es la manipulada hoja de vida de Natalia Lizarazo García, quien también responde al nombre de Natalia Springer.
Lizarazo, cuya empresa no tiene el número de años de experiencia comercial para contratar con el Estado, hábilmente suplió esa falencia con su hoja de vida, cargada de rimbombantes títulos académicos otorgados por universidades europeas. El detalle está en que ella presentó cursos de pocos días, como si se tratara de profundas y extendidas especializaciones. Llegó al extremo insólito de incluir un curso de verano en Italia que duró 3 semanas, como una maestría en resolución de conflictos. Y aquello sí es delito, pues el falso currículo sirvió de colofón para que la Fiscalía General de la Nación le asignara contratos por miles de millones de pesos. Por eso, la señora Lizarazo podría enfrentarse a largos años de cárcel si la justicia llegare a condenarla.
En todo este tema de las hojas de vida infladas con diplomas que no existen, hay un gran componente de arribismo. Se ha caído en la trampa de creer que aquel que tiene diplomas por doquier merece ser respetado. Y aquello sería así si los títulos fueran obtenidos como fruto de un esfuerzo académico y no de la imaginación o de la adquisición de aquellos en cualquier garaje de esquina.
@IrreverentesCol