La campaña a la Fiscalía General del ex ministro Yesid Reyes está tratando desesperadamente de enmendar un enorme error de cálculo.
El senador Horacio Serpa convenció a Reyes de que como el fiscal encargado, Jorge Perdomo, tenía listos los votos necesarios en la Corte Suprema de Justicia para ser elegido Fiscal en propiedad si Santos lo hubiera ternado, bastaría ofrecer al abogado opita la vicefiscalía para que le trasladara automáticamente sus votos a Reyes. Y, dicho y hecho, se la ofrecieron.
La realidad resultó muy contraria y ha debilitado las posibilidades de elección de Reyes. Apenas se supo que Perdomo actuaba como su jefe de campaña, se produjo un terremoto en los círculos judiciales, académicos y políticos que veían a Reyes con simpatía. El primero en alzar la espada contra Reyes fue el influyente ex fiscal Gómez Méndez, quien incide poderosamente en las nominaciones y elecciones que hace la Corte.
Gómez Méndez considera que Montealegre y Perdomo son funcionarios indignos y que debiera ser desterrada cualquier huella que los haga recordar en la institución. Luego las bancadas senatoriales, con excepción de la liberal (Perdomo es íntimo del ex presidente Gaviria), expresaron su rechazo al pacto Reyes-Perdomo y comenzaron a trabajar para otro de los candidatos, el ex ministro Néstor Humberto Martínez. Para la mayoría de los senadores, Perdomo es una pesadilla de frivolidad e irresponsabilidad que no quieren ver un minuto más en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación.
El vicefiscal Jorge Perdomo se ha convertido en un peso muerto para la aspiración de Yesid Reyes
Pero el golpe más duro, certero y definitivo, vino de la propia Corte Suprema. Una providencia del ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y ahora nuevo magistrado de la Sala Penal, doctor José Francisco Acuña Vizcaya, prácticamente acabó con la carrera de Perdomo. Con un agravante para el actual fiscal: que los magistrados Eugenio Fernández Carlier y Patricia Salazar Cuellar firmaron complacidos la “providencia epitafio”.
Por reparto, al despacho del magistrado Acuña llegó una tutela interpuesta por Perdomo contra una juez que ordenó la libertad de dos funcionarias de la Contraloría General de la República. Perdomo, con su estilo grosero, irrespetuoso, irresponsable; y motivado por la más vil inquina y odio político contra la ex contralora Sandra Morelli, se ensañó contra la juez que concedió libertad a sus dos subalternas. Textualmente Perdomo escribió en el libelo que, para su desgracia, llegó a manos del magistrado Acuña lo siguiente:
“Tal petición se funda, Honorables Magistrados, en que a juicio de este Fiscal delegado, los yerros advertidos en la providencia cuestionada son de tal magnitud que permiten evidenciar el interés de la autoridad accionada por favorecer a las acusadas Mónica Esperanza Cano Bedoya y Edith Rocío González Martínez, pues no puede explicarse de otro modo que, siendo notorio que la decisión de revocatoria de la medida de aseguramiento no fue impugnada, haya decidido pronunciarse respecto de la misma, y desconociendo también las exigencias del artículo 318 del ordenamiento adjetivo penal”.
A través de una providencia, el magistrado Acuña cuestionó fuertemente
la solvencia profesional del vicefiscal Perdomo
Varios expertos dijeron a Los Irreverentes que en sus largas carreras como litigantes, jueces o profesores, nunca habían leído una providencia de la Corte que castigara con palabras y argumentos tan enérgicos y categóricos a un alto funcionario, en este caso a un Fiscal General (E), como los que utilizó el profesor Acuña Vizcaya contra el doctor Perdomo.
Además de tratarlo de ignorante por haber confundido la acción de tutela con una tercera instancia, el magistrado le espetó que sus afirmaciones no tenían “el más mínimo soporte probatorio” y que eran “una forma de amedrentar al Juzgado accionado, puesto que provienen de quien a la fecha ostenta la condición de Fiscal General de la Nación (E), funcionario con poder para orientar una investigación penal en su contra”.
Directamente, la Corte acusó de prevaricador a Perdomo, puesto que su acción había sido una “inaceptable forma de influir, con intención o no, a través de razones espurias, en el ánimo del juez constitucional”.
La sala penal remató la tunda contra Perdomo diciéndole: “la Sala exhortará a la Fiscalía General de la Nación, para que, en lo sucesivo, sus funcionarios, con independencia del cargo que ostenten, se abstengan de esgrimir prejuicios o suposiciones en las actuaciones judiciales en las que intervengan”.
¿Y por qué tanta demora en la elección?
Muchos se preguntan porqué tanta demora en la elección del nuevo fiscal, si ya hay terna, ya están echados los dados y, aparentemente, los magistrados están interesados en evacuar rápida y favorablemente el asunto.
Los Irreverentes supieron que la presidenta del alto tribunal, Margarita Cabello Blanco es la que, tras bambalinas, se ha encargado de retrasar el proceso de elección del reemplazo de Eduardo Montealegre. ¿El motivo? Una investigación preliminar que cursa en la Fiscalía contra ella y uno de sus hijos como consecuencia de las declaraciones que en su momento dio el condenado abogado de Fidupetrol, Víctor Pacheco. Perdomo quiere estar algunos meses como Fiscal General y la presidenta de la Corte se está encargando de complacerlo.
Margarita Cabello Blanco, presidenta de la Corte Suprema de Justicia
Perdomo en campaña
Con la esperanza de que gane Yesid Reyes y así garantizar su permanencia como Vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo se ha empleado a fondo en la campaña, complaciendo con puestos y nombramientos a personas con poder en el seno de la Corte Suprema. La última designación que hizo fue la de Alfredo Betín Sierra a quien nominó como coordinador de los fiscales delegados ante dicho tribunal.
Como es sabido en los corrillos de la justicia, Betín es cuota directa y leal del ex magistrado Francisco Ricaurte, quien a pesar de haber salido hace algunos años de la Corte, tiene control sobre muchos magistrados, entre ellos la presidenta Cabello Blanco.
¿Cuándo se elegirá al nuevo fiscal? Es la pregunta que se hacen los colombianos. Pero las luchas burocráticas, las peleas intestinas por el control de la justicia –y su billonario presupuesto-, hará que el proceso sea lento, tortuoso y colmado de intrigas, consejas y trampas.
@IrreverentesCol